Todos sabemos que va a haber gente que va a seguir saltándose las normas, pero por lo menos ahora va a haber mecanismos para denunciarles, posibilidad que hasta ahora no hay.

En cuanto a las multas administrativas, hasta 30 millones de euros (en algunas fuentes citan 40 y en una hasta 70 millones, aunque treinta es lo que está redactado en el borrador) o hasta el 6% de la cifra global de negocios, la cifra que sea más alta, son bastante más duras que las previstas para la protección de datos personales y creo que son como para pensárselo dos veces.

En cuanto a la vigilancia de oficio, habrá que esperar a ver cómo se aplica el reglamento en la práctica, pero pudiera ser que el controlador se autofinancie gracias a las altas sanciones. En protección de datos ya van 1.000 millones de euros recaudados, desde la entrada en vigor del RGPD el otro día como quien dice, y eso que los primeros años se recaudó poco. Que podría funcionar mejor, pues seguro que sí.

Además, las prohibiciones también tienen un efecto disuasorio muy efectivo. Determinadas prácticas pasarán del gris al negro, y la mayoría evitamos el negro.

Teniendo en cuenta la novedad y complejidad del tema, no será perfecta, pero la propuesta me parece un gran paso adelante, necesario.